La Generalitat valenciana busca “fórmulas jurídicas” para ampliar la entrada de capital privado en el sistema educativo, con el objetivo de resolver “las necesidades educativas más urgentes” y “acabar con las aulas prefabricadas”. La inyección de capital privado se hará por tres vías. La primera, a través de los denominados Centros de Iniciativa Social (CIS). Se utilizará para construir escuelas concertadas en suelo público. Mediante este sistema una empresa privada opta, a través de un concurso, a una concesión de explotación de 75 años. La gestión es privada; la plantilla docente, concertada.
Los CIS se extenderán, en segunda opción, “a los centros públicos que requieran de una reforma integral” y donde el municipio demuestre que tiene problemas “urgentes” de escolarización. Aunque la naturaleza pública de un centro educativo no se puede revertir tan fácilmente, con la normativa básica de la Ley de Contratos y de Patrimonio.
La tercera consiste en un plan integral de eliminación de los 900 barracones vía opción de compra o el leasing (un contrato de arrendamiento por un periodo que normalmente dura 30 años y ofrece ventajas fiscales y de capitalización). No está claro, al final del contrato, si la gestión y los docentes seguirán siendo de titularidad pública. “Hay que buscar el instrumento más fácil y que se adapte mejor a las necesidades. En cualquier caso, los CIS, el leasing, la opción de compra o cualquier otro instrumento jurídico tienen que dar respuesta al objetivo prioritario de resolver las necesidades educativas urgentes y eliminar las aulas provisionales”, avanza un alto cargo que trabaja en el proyecto.
Un plan con referencias indirectas
La entrada de capital privado, tanto en la construcción y la gestión, como también en la supresión de las aulas provisiones o barracones se completa con un proyecto global denominado Plan de Previsión Educativa 2012-2015, del que los sindicatos de la enseñanza pública solo conocen dos páginas con la declaración de intenciones. El plan no ha pasado por el Consejo Escolar Valenciano ni por la Mesa Sectorial. Su única referencia indirecta se encuentra contenida en artículo 102 del Anteproyecto de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat de 2012, que señala: “La Generalitat podrá colaborar con los particulares en la promoción de centros educativos de iniciativa social (CIS), con el fin de garantizar la libertad de enseñanza. A tal efecto, podrá otorgar concesiones sobre bienes demaniales de su titularidad, así como los que le hayan sido transmitidos por otras Administraciones, para la construcción de centros educativos de titularidad privada que reúnan los requisitos para ser sostenidos con fondos públicos”. Es decir, concertados.
El citado artículo 102 abre la puerta, pues, a facilitar la cesión de cualquier infraestructura y equipamiento educativo público para su reforma y utilización por parte de empresas privadas. Ahí entra la privatización de la supresión de las 900 aulas prefabricadas instaladas en la red pública, cuyo coste de más de 7 millones de euros (1.100 millones de las antiguas pesetas) asume anualmente la empresa pública de construcciones escolares Ciegsa.
Ciegsa, que solo tiene un cliente y que no paga —la Generalitat valenciana— tiene una deuda acumulada de 2.200 millones por la reforma, la construcción y el equipamiento de 400 centros públicos en las últimas dos legislaturas. Pero, ni la Generalitat ni Ciegsa pueden endeudarse más.
El Consell estudia recurrir a fórmulas como el leasing o la tradicional opción de compra para poder cumplir con el compromiso público adquirido por el presidente Alberto Fabra y su consejero de Educación, José Ciscar, de “eliminar las aulas provisionales” en esta legislatura.
“Con los centros CIS se pueden eliminar las aulas provisionales. Aunque el plan tiene que ser plurianual”, avanza el citado alto cargo que trabaja en el proyecto.
“Tenemos que tener un instrumento jurídico, pero tiene que ser plurianual. Es decir, que sirva para el año cero, para el segundo, para el tercero, para el cuarto...”, puntualiza, para explicar que la Generalitat estudia con lupa toda la normativa básica y los vericuetos que le permitan adoptar una solución que, insiste, “está implantada en Madrid desde hace dos legislaturas”. Por este sistema, la popular Esperanza Aguirre ha construido 80 centros educativos, de los cuales 50 son centros CIS. Aunque el proceso de privatización del colegio público de El Álamo ha sido tumbado dos veces por el Tribunal Superior de Justicia por no haber pasado por el consejo escolar del centro. “Estudiamos soluciones globales. Se está haciendo un estudio jurídico que permita dar cobertura legal a las necesidades de escolarización, para hacer frente a esas actuaciones”, concluye.
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