9/12/11

La Generalitat deja en la calle a la mitad de la plantilla del Príncipe Felipe de Valencia

La mejor forma de conocer la calidad del sistema científico de un país es compararlo con los demás. Pero hacer estudios en profundidad que evalúen aspectos como la calidad científica, el impacto o la excelencia no es una tarea sencilla. La referencia mundial para obtener estos datos suele ser el informe de la Royal Society de Londres, pero desde hace algunos años no es la única. Se acaba de publicar la tercera edición correspondiente a 2011 del 'Scimago Institutions World Report', elaborado por el grupo de investigación Scimago, formado por investigadores españoles. Y los resultados de la evaluación de más de 3.000 universidades e institutos de investigación de 104 países son muy reveladores.

Trabajadores del CIPF, ayer, en Valencia. -Juan Navarro

Trabajadores del CIPF, ayer, en Valencia. -Juan Navarro

A través de un correo electrónico que no llegó a todos. Esta es la forma que escogió la dirección del Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) de Valencia para comunicar a los 114 trabajadores incluidos en su expediente de regulación de empleo (ERE) la firma de extinción de los contratos. Un método que contradice el acuerdo alcanzado con el comité de empresa de comunicar con 48 horas de antelación el finiquito para que los empleados puedan revisarlo y detectar posibles errores.
La noticia causó un gran malestar y cerca de 200 científicos cortaron durante dos horas la carretera del Saler, donde está ubicado el centro. Pasadas las 13 horas, la empresa rectificó, anuló las cartas de despido firmadas durante la mañana y estableció un nuevo plazo: por la tarde se entregarían los finiquitos y los investigadores tendrían hasta el mediodía de hoy para comprobarlos y rubricarlos.
"Estoy asombrada de que un centro como este se haya mantenido con una gestión tan disparatada", explicó María Victoria Gómez, de CCOO, durante la asamblea que, espontáneamente, se organizó a continuación. "O aquí no manda nadie o mandan todos y se dan órdenes contradictorias", prosiguió Gómez, en relación con el desgobierno que vive el centro desde que se inició el expediente de regulación de empleo y que ayer vivió una de sus derivas más pronunciadas.
De hecho, el gerente del CIPF, Carlos Pérez Espuelas, estuvo todo el día fuera del centro, según fuentes del comité de empresa. Público inten-tó contactar con él, pero desde su despacho informaron de que el gerente ya no iba "a hacer declaraciones".
Por la tarde, la sensación de desconcierto recorría los pasillos del centro, en un ir y venir de rostros graves. Tras las puertas entreabiertas de los laboratorios, se repetía la misma escena: investigadores apilando documentos y enseres y rellenando cajas de cartón. "Quiero acabar la tesis y largarme de este puto sitio", conversaba a través de su móvil una becaria.
Y, mientras, en el vestíbulo, una larguísima cola de batas blancas aguardaba a que el responsable de Recursos Humanos les extendiera el finiquito. "Me he sentido muy maltratada, estoy en estado de shock, nos han tratado como perros", señalaba Silvia March. El sentimiento era común en la fila, donde todos destacaban que la situación "de ruina" del centro se debe a la mala gestión y a que el ERE se ha utilizado para quitarse de encima a los científicos críticos con la dirección. Con este expediente secierran 14 laboratorios, entreellos los dos únicos sobre cáncer y el único que investigaba enfermedades relacionadas con envejecimiento.


Fabra debe 75 millones a centros de atención a dependientes

Gobierno valenciano debe, según Gómez, dejar de usar como justificación el momento de quiebra económica que atraviesa la Generalitat "mientras se priorizan pagos en otros sectores y se mantienen actos y estructuras cuestionables socialmente". Por su parte, el responsable del sector sociosanitario de UGT-PV, Miguel Usó, ha asegurado que esta deuda supone la "asfixia" de las empresas que gestionan estos servicios y produce una situación de "indefensión" para los trabajadores "que llevan varios meses sin cobrar". Usó ha señalado que confía que con las concentraciones convocadas para mañana, y que se celebrarán bajo el lema "Por el pago inmediato. No a los recortes sociales", la Generalitat se muestre "sensibilizada" hacia este problema.
"El problema es grave y se tiene que solventar a la mayor brevedad posible", ha asegurado Usó, quien ha agregado que los bancos "no confían en la deuda de la Generalitat, y la financiación de esa deuda es cada vez más complicada". Los sindicatos han advertido de que si no se adopta una pronta solución a este problema se tomarán "otras decisiones", aunque no han precisado cuales. Tanto Usó como Gómez han coincidido en señalar que, a pesar de que los trabajadores no cobran, siguen atendiendo "correctamente" a las personas dependientes y "no hay una repercusión negativa en su asistencia". María Victoria Gómez ha explicado que esta situación de deuda también está "lastrando" el cierre de la negociación colectiva y de los acuerdos laborales.

Fuente: El País.

Sanidad cierra 262 camas de la red hospitalaria pública valenciana


Sanidad anunció ayer la primera gran medida de recorte de gastos del departamento. La consejería que dirige Luis Rosado ha cerrado “de forma coyuntural” 262 camas hospitalarias —el equivalente a un hospital mediano, como los centros de La Plana, Xàtiva o La Vila Joiosa— una medida que forma parte del Plan de Optimización de Camas Hospitalarias anunciado ayer, que Sanidad enmarca en la situación de crisis económica y que tiene por objeto “mejorar la eficiencia” del sistema y “optimizar los recursos”.
El encargado de anunciar esta iniciativa no fue el consejero Luis Rosado —por motivos de agenda, explicaron desde su departamento— sino Manuela García, la secretaria autonómica de Sanidad. La exdirectora del hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva y actual número dos del departamento explicó que tras el habitual cierre de pabellones en verano y ante las buenas temperaturas que se están registrando a principios del otoño, la consejería considera que la actual presión asistencial no requiere activar toda la capacidad los centros. “Ningún hospital supera el 80% de ocupación y alguno ronda el 60%”, señaló ayer García tras insistir en que se trata de una medida coyuntural y flexible, que se revisa en función de la demanda. De hecho, la cifra de 262 corresponde al día de ayer y no tiene por qué ser la misma de hoy, explicó.
Dado que el coste de cada cama de hospitalización no quirúrgica es de 300 euros por día, el cierre en las condiciones actuales (262 camas) permite ahorrar 84.460 en 24 horas, lo que supondría cerca de 2,6 millones de euros al mes. La medida obliga a concentrar pacientes y desocupar personal, pero no implicará despidos, según García. Los profesionales afectados, comentó, están siendo reubicados en áreas donde la presión asistencial es mayor.