El victimismo de Generalitat frente al Gobierno central, al que reclama más dinero para inversiones sociales, no siempre está justificado. La Consejería de Educación tendrá que devolver los 6,1 millones de euros procedentes de la partida finalista de 11,4 millones del Estado transferida en 2008 para cofinanciar la construcción de más guarderías públicas ya que solo autorizó obra en 2009 por valor de 5,3 millones, que sigue sin pagar.
El volumen de la deuda de la Generalitat con los Ayuntamientos que decidieron participar en el llamado plan Educa 3 para tratar de paliar el déficit crónico de plazas públicas de educación infantil de cero a tres años en la Comunidad Valenciana asciende a 5,3 millones. Según el convenio inicial, firmado el 22 de diciembre de 2008 por el consejero valenciano de Educación, Alejandro Font de Mora, y la entonces ministra Mercedes Cabrera, y ratificado por el pleno del Consell un año más tarde, el 18 de diciembre de 2009, la Generalitat dispone de dos años máximo para pagar estas obras que, a diferencia del resto de autonomías, endosó a los Ayuntamientos. El plazo, pues, está a punto de vencer.
El origen del retraso en construir las 1.500 plazas de infantil, que finalmente 27 Ayuntamientos han financiado y puesto en marcha de su propia caja, está en el rechazo frontal de la Generalitat a cofinanciar al 50% las obras del plan Educa 3.
Tras muchas reuniones y dos ministros, el actual responsable de Educación, Ángel Gabilondo, se negó a "concertar" las plazas públicas, y firmó una adenda al convenio, que permitía al consejero Font de Mora trasladar a los Ayuntamientos el desarrollo del plan Educa 3. El Gobierno valenciano se ha ahorrado, además, los 11,4 millones que le corresponderían, según el convenio marco.
El Ministerio de Educación transfirió puntualmente los 11,4 millones del primer plan de 2008. Pero los alcaldes consultados siguen sin cobrar. Es más, la multitud de cartas dirigidas al consejero describen con detalle los problemas "financieros" que sufren los alcaldes de poblaciones pequeñas y medianas como L'Alcúdia. "No escapará a usted la difícil situación económica del momento, que afecta especialmente a los Ayuntamientos", explica el alcalde socialista, Roberto Martínez, en una de las cartas dirigidas al consejero valenciano que no han recibido respuesta. Martínez tacha de "dilación injustificada el no abono de unos fondos que esta Administración autonómica gestiona en representación conveniada de otra, el Ministerio de Educación, y que ha percibido desde hace tiempo".
La Generalitat debe, en concreto, a este Ayuntamiento 632.00 euros. "Esto genera un importante problema de desfase en la tesorería municipal", dado que la Corporación sí ha pagado al contratista en el plazo legal de 60 días. Otros alcaldes confirman los impagos y la falta de respuesta institucional desde finales de 2010.
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